Un importante balance presenta la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez al cumplirse dos años de este Gobierno. Políticas territoriales con enfoque de género, luz verde a megaobras de infraestructura, nuevos instrumentos de lucha contra la corrupción y apuestas con metas claras para incrementar la competitividad y generar empleo son algunos de los logros de su gestión.

 

 

“En los diferentes temas que, por encargo del Presidente Iván Duque, estamos liderando, como Equidad de la Mujer, lucha anticorrupción, infraestructura, temas económicos y de competitividad y proyectos especiales, hemos aunado esfuerzos para la construcción de una Colombia más equitativa, moderna y competitiva”, señaló la Vicepresidente.

 

 

La equidad de la mujer: una prioridad para Colombia

 

Gracias a una contundente campaña en las regiones, se logró que todos los departamentos se comprometieran con la mujer colombiana, diseñando planes de desarrollo con metas especificas para disminuir las brechas entre hombres y mujeres. El 85% de las recomendaciones de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, fueron acogidas. Además, 15 departamentos cuentan hoy con Secretarías de la Mujer, y los demás, con mecanismos de género para responder a las necesidades de esta población.

 

 

Adicionalmente, se abrieron seis Casas de Mujeres Empoderadas, con 10.201 beneficiarias en Valle del Cauca, Nariño, Chocó, La Guajira, Norte de Santander y Santander; se creó y puso en marcha el Observatorio Colombiano de las Mujeres y se lanzó el Pacto por la Mujer Rural, el empleo, la formalidad y el desarrollo del campo, que busca beneficiar a 489.024 personas.

 

 

Infraestructura y transporte: pilares del crecimiento

 

Se conformó la Comisión de Expertos, de la que surgieron 130 recomendaciones, ya en implementación. Se pusieron a andar 25 proyectos 4G que estaban estancados, 20 de ellos con cierre financiero. Todo ello, bajo el liderazgo de la Comisión Intersectorial de Infraestructura, que encabeza la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez.

 

 

El trabajo estratégico y articulado de dicha Comisión permitió mantener a toda marcha la locomotora de la infraestructura en beneficio del desarrollo del país. Se han concluido varias obras fundamentales y se aseguró la financiación del Túnel de la Línea ($620.000 millones), del Puente Pumarejo ($130.000 millones), La Espriella-Río Mataje ($85.000 millones) y el nuevo Puente de Honda ($10.000 millones), con entrega este año, en beneficio de los ciudadanos.

 

 

Además, la Vicepresidencia de la República logró, junto con el sector transporte, el compromiso de $700 mil millones en regalías de Sucre, Bolívar y Atlántico para asegurar el futuro del Canal del Dique, una obra que había sido postergada durante varios años y de suma urgencia para estos tres departamentos del Caribe colombiano.

 

 

Esta obra evitará inundaciones y sequías en más de 20 municipios, permitirá navegabilidad desde el Río Magdalena hasta Cartagena, facilitará la descontaminación de la bahía de la capital bolivarense y alejará la amenaza que hoy recae sobre los cartageneros de no tener agua limpia por causa de los sedimentos.

 

 

La lucha contra la corrupción: consolidando la transparencia, integridad y legalidad

 

Con el decreto 342/19 reglamentario de ‘Pliegos Tipo’, llegó a su fin la llamada ‘contratación a dedo’ en infraestructura. De esta manera, se logró mayor concurrencia y participación de proponentes; los oferentes ascendieron a 33 en el 81% de licitaciones públicas para contratos de obra; las entidades distritales recibieron 131 invitaciones; de ellas, 124 manifestaron interés y 46 presentaron propuesta. Todo esto conlleva a mejores precios, bienes y servicios.

 

 

Uno de los mecanismos más novedosos que se ha puesto en marcha para facilitar las denuncias ciudadanas ha sido la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA-, conformada por 149 entidades del Estado, que han designado un oficial de cumplimiento para canalizar la información reportada sobre posibles casos de corrupción, en aras de tomar medidas oportunas que permitan avanzar en la lucha contra este flagelo. De esta manera, también se busca acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas e involucrarlos en la implantación de una cultura de la transparencia.

 

Crecimiento económico y competitividad

 

Por iniciativa del Gobierno Nacional, se firmaron 22 Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo con diversos sectores de la economía, para identificar los cuellos de botella de diferentes sectores productivos, aumentar su capacidad de producción y crear 1,1 millones de empleos, ventas y exportaciones.

 

 

Al 30 de junio, de los 826 compromisos acogidos por el sector privado, se ha dado cumplimiento a un 76%, con importantes avances en reducción de trámites, mejoramiento de normativas sectoriales y creación de nuevas líneas de crédito.

 

 

En razón de incorporarlos al plan de repotenciación económica, que lidera la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, se ha dado inicio a una actualización de los compromisos y las metas.

 

 

A través de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, se priorizaron 287 proyectos, de los 1.000 estipulados en las agendas, para dar celeridad y articularlos con la oferta institucional de nueve ministerios.

 

 

Alrededor del 30% de los proyectos priorizados le apuestan al sector comercio, industria y turismo; el 25% a la agricultura y agroindustria; el 14% a ciencia, tecnología e innovación, y el restante a temas como TIC, trabajo, minería, infraestructura y transporte.

 

 

Del total, el 40% de los proyectos está en fase de ideación, 34,8% en formulación, 17,48% en fase de factibilidad y 6,7% en ejecución.

 

 

Así mismo, se avanza, con dichas Comisiones, en la implementación del régimen ZESE (Zona Económica Social y Especial), para incentivar la inversión y la generación de empleos en los territorios.

 

 

Por otra parte, el 31 de marzo de 2020 fue aprobado el Conpes 3990, con el que Colombia se proyecta como potencia bioceánica en los próximos 11 años, mediante el aprovechamiento sostenible de su ubicación, condiciones marítimas y capital natural y social.

 

 

Este documento contempla una inversión de $370.794 millones, con miras a ampliar el horizonte de proyectos marítimos, desde lo ecológico hasta lo comercial, así como fortalecer la gobernanza en el mar.

 

 

Covid-19: el Estado de Emergencia

 

En cabeza de la Vicepresidencia, se puso en marcha un plan de acción para la formalización laboral, con el fin de ofrecer opciones y oportunidades al 47% de las personas que se encuentran en la informalidad en Colombia –según el Dane-, y que han sido las más golpeadas por la crisis del covid-19.

 

 

De la mano de Confecámaras, se implementó el sistema de registro de las Unidades Productivas Informales (UPI), que se ha activado en todas las regiones, para identificar, ubicar y clasificar a las personas naturales que desarrollen actividades económicas productivas y que no estén inscritas en el Registro Mercantil.

 

 

El objetivo, además de la bancarización inicial de todas, es lograr información que permita diseñar instrumentos y programas que se adecúen a las necesidades de este sector y construir una política pública con enfoque diferenciado y segmentado.

 

 

Por primera vez en la historia del país, existe un Patrimonio Autónomo creado por el Gobierno, para promover, financiar y apoyar de manera exclusiva emprendimientos, formalización y fortalecimiento empresarial de las mujeres colombianas, a través del Decreto 810 de 2020, expedido al amparo del Estado de Emergencia.

 

 

Este instrumento nace como respuesta de la Vicepresidencia para hacer frente a los efectos negativos de la pandemia que ha impactado, especialmente y en mayor medida, a las mujeres, aumentando su tasa de desempleo y poniendo en riesgo la estabilidad y supervivencia de sus negocios. La meta, al final de este Gobierno, es empoderar a un millón de mujeres, a través de diversas estrategias derivadas del Patrimonio Autónomo.

 

 

Se conformó la Misión de Internacionalización con reconocidos expertos nacionales e internacionales, para diseñar un plan que permita aumentar la productividad, la competitividad y el comercio de bienes y servicios, así como generar empleo. El énfasis está en temas como digitalización, agroindustria, infraestructura y emprendimiento.

 

 

En materia económica, la Vicepresidente coordinó de manera efectiva los esfuerzos del Gobierno Nacional para garantizar el abastecimiento alimentario y de insumos médicos en todo el país.

 

 

De la mano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se logró el compromiso de las centrales de abastos para fortalecer la capacidad comercial y mejorar las medidas de higiene y comercialización de productos.

 

 

Así mismo, con el liderazgo del Ministerio de Comercio, se convocó a las empresas de confecciones para que orientaran su trabajo a la fabricación de elementos de bioseguridad como tapabocas, guantes y polainas, que permitieran conjurar la crisis, desde los hospitales.

 

 

La efectiva gestión adelantada en cooperación internacional permitió recibir, por parte de una Misión de expertos alemanes en emergencia epidemiológica, 80 mil kits para test de covid-19, enviados prioritariamente a las zonas más vulnerables del país para mitigar los efectos de la pandemia.

 

 

El Gobierno alemán también le entregó a Colombia elementos de protección médica, para garantizar las medidas de bioseguridad al personal de la salud.

 

 

Se recibió, además, asesoría técnica, por parte de la Misión de Expertos, para el Instituto Nacional de Salud y otras entidades de salud en Bogotá y Cúcuta. También, se recibieron 18 toneladas de insumos médicos, donadas por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

 

 

Para contrarrestar el incremento de la violencia intrafamiliar durante el aislamiento preventivo, se han implementado acciones para responder a las urgentes necesidades de las mujeres en las regiones.

 

 

En estrategia conjunta con la Sociedad de Activos Especiales, se pusieron a disposición de los departamentos, bienes muebles e inmuebles que están siendo convertidos en 19 Casas de Refugio por parte de Gobernaciones y Alcaldías.

 

 

También se convocó, por primera vez en la historia del país, un Consejo de Seguridad Presidencial para velar por las condiciones de seguridad de las mujeres, y se acordó implementar la estrategia ‘Mujeres Libres de Violencia’, así como la creación de un Sistema Nacional para articular la prevención y atención de violencias contra mujeres, niños y adolescentes.

 

 

Por otra parte, la Vicepresidencia de la República, de la mano del Ministerio de Salud y Protección Social, impulsó la Resolución 595 de 2020 para transferir recursos a los entes territoriales y poner en funcionamiento hogares de acogida.

 

 

Están en curso las transferencias de recursos a Valle del Cauca, Cali, Buenaventura, Cauca, Cundinamarca, Bogotá y Atlántico, donde se ha exacerbado la violencia contra las mujeres, durante la pandemia.

 

 

Así mismo, ante las alertas por posibles casos de corrupción en medio de la emergencia por covid-19, se expidió la circular conjunta número 100-008-2020, entre la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en la cual se entrega, a los gobernadores, alcaldes y gerentes públicos del país un catálogo de advertencias y lineamientos sobre la correcta ejecución de los recursos públicos para contrarrestar la crisis, en aras de prevenir y controlar la corrupción.

 

 

Así mismo, se expidió la circular 010 de 2020, en la que se dan directrices a los jefes de control interno de las entidades públicas, para que realicen auditorías especiales, en procesos derivados de la emergencia económica.

 

 

La Secretaría de Transparencia ha tramitado 3.337 denuncias de corrupción, procesadas por los canales oficiales e identificadas a través de monitoreo de medios, cuyo traslado ante los organismos de control ha contribuido de forma positiva al impulso en las investigaciones y a crear confianza en el ciudadano frente a las instituciones. Todo ello en el marco de la emergencia por covid-19, desde el 1° de abril hasta el 30 de junio de 2020.

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