La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que revisará la estructura y el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que incluye a estudiar caso por caso lo relacionado con los escoltas exguerrilleros de las Farc.

En agosto de 2017 fue aprobada una ley que permitía la ampliación de la planta de la Unidad Nacional de Protección en 1 mil 200 personas. Con esta iniciativa se autorizaba la llegada de reinsertados de las Farc como escoltas de la UNP.

En su momento se informó que estos reinsertados ganarían 1 millón 825 mil 423 pesos mensuales. También se estableció que estos nuevos escoltas no podían tener procesos o condenas por delitos de lesa humanidad.

Estos esquemas de protección y escoltas, de acuerdo a la ley, solo deben estar exclusivamente a cargo de la seguridad de reincorporados o personas que pertenezcan al partido o movimiento que surja de las Farc.

Durante los debates para la aprobación de esta ley, varios miembros del Centro Democrático expresaron su inconformidad por la iniciativa.

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