Los trabajadores de la industria petrolera recurrieron desde ayer a las vías de hecho para protestar por las parcializadas decisiones de la territorial del Ministerio del Trabajo en Arauca, que en contubernio con las empresas contratistas de la Occidental se dedicaron a torcerle el cuello a las normas de protección de la gente que ha resultado afectada por enfermedades laborales.

 

 

           

 

 

Los despidos injustificados por parte de las empresas contratistas y subcontratistas, desconociendo las evidencias, rebozaron la copa de los trabajadores petroleros que desde la víspera se encadenaron en la sede del Ministerio en Arauca y en el Palacio de Justicia, señalaron a Suram Noticias Arauca los voceros designados Jorge Eliecer Bata Jiménez y John Carlos Ninco Bonilla; así como su representante, el abogado laboralista Javier Alvarado Suesca.

 

El caso de la señora Helena Medina Toledo, una ex trabajadora de la empresa de transportes Cootranstame, a la que le fue archivado el proceso donde había solicitado poder preferente investigativo y sancionatorio, se suma al de Oscar Peñaloza, de la empresa Meltal Park, al que la territorial del ministerio autorizó su despido desconociendo más de cinco patologías, quedando en estado de absoluta indefensión

 

La protesta es respalda por la USO subdirectiva Arauca y las centrales obreras del país, a las que están afiliados los sindicatos y agremiaciones que aglutinan a los 21 trabajadores de la industria del petróleo, ahora en condición de discapacidad.

 

En la toma pacífica participa solo este grupo, pero representan a más de un centenar, a los que los funcionarios del Ministerio les ha conculcado todos sus derechos y por la manguala con los patronos han quedado en la calle, abandonados a su suerte con sus familias, a contrario sensu del propósito de las políticas y filosofía sobre protección social de esa cartera.

 

El grupo que respaldan al unísono la USO y los sindicatos del país, se tomó desde ayer no solo las instalaciones del Ministerio del Trabajo, sino las afueras del nuevo Palacio de Justicia, ubicadas en el centro de la capital araucana.

 

El líder social Jhon Carlos Ninco, llegó desde la capital del Huila para unirse a Bata Jiménez y el profesional Alvarado Suesca, quienes desde años atrás vienen reclamando en solitario por la reivindicación de los derechos de los trabajadores,  a quienes se les viene despidiendo sin justificación alguna y desconociendo que se encuentran en periodo de incapacidad.

 

Los líderes de la protesta que vienen recibiendo amenazas contra sus vidas, señalaron como principales actoras de este conflicto laboral y social a las empresas Independence, Cootranstame, JCP, Arcin Ltda y Maxo, entre otras, que vienen atropellando a los trabajadores, con despidos injustificados de personal en los campos petroleros de Caño Limón y Caricare, en el departamento de Arauca.

 

Estas empresas, con la patente de corso que les confiere el Ministerio del Trabajo, que sin argumentos legales y desconociendo pruebas, autoriza dichos despidos, por lo que determinaron realizar la toma pacífica a dicha institución.

 

La toma al Palacio de Justicia, busca reclamar con vehemencia, que los jueces no están revisando las historias laborales de los trabajadores; no exigen los exámenes de ingreso, los periódicos, ni los de egreso, entendiendo que a los trabajadores hay que garantizarles un proceso de rehabilitación integral, por lo que se requiere que emitan conceptos pertinentes para que se les pueda definir su situación.

 

Aseveran Jhon Carlos Ninco con Jorge Bata y Javier Alvarado, que los jueces están impartiendo justicia a favor de los empresarios; mientras que los funcionarios del Ministerio del Trabajo, están archivando los procedimientos investigativos y denuncias que presentan los trabajadores, favoreciendo también a las empresas.

 

En el departamento de Arauca son más de 180 los trabajadores de la industria del petróleo, que están en estas condiciones, con procesos de más de 10 años ante el Ministerio del Trabajo, situación que debe investigar la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura y  la misma Ministra Alicia Arango, para acabar la olla podrida que se ha venido denunciando.

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