En definitiva, el Centro Transitorio de Reclusión no irá en la casona de la carrera 20 con calle 16, donde la Secretaría de Gobierno Departamental lo tenía previsto, con respaldo de la Policía y la Procuraduría regional, pues el sitio no puede desatender el ordenamiento territorial que para la capital fija el PBOT vigente.

 

Así se concluyó en el debate suscitado ayer en la Asamblea Departamental, convocado por el diputado Andrés Mauricio Morales, donde el titular de Planeación Municipal, Jair Arley Santana, confirmó el uso del suelo para esa zona, señalando lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial que no permite en el lugar un centro de reclusión.

 

Mientras el comandante del Departamento de Policía y el Procurador regional, se pronunciaron a favor, argumentando que con el hacinamiento en las estaciones de Policía se violan derechos fundamentales de los reclusos por la condición infrahumana en que permanecen, los diputados en pleno respaldaron a quienes se oponen al proyecto.

 

Para el diputado Juan Alfredo Qüenza el centro de reclusión no debe ir porque contradice el PBOT por muchas razones que a la vista de la comunidad son lógicas. Al mencionar los efectos nocivos resaltó que los perdedores serían no uno sino varios sectores del vecindario.

 

Por su parte, el también diputado Hernando Posso Parales, justificó la inconformidad de los vecinos al antiguo hotel, precisando que hay interés en la Asamblea de respaldar un centro reclusorio, pero en otro lugar, proponiendo apoyar al gobierno en la gestión para conseguir los recursos que demanda la construcción en sitio idóneo donde no se lesionen intereses de la ancestral comunidad.

 

Por ahora el propietario del predio objeto de la discusión en la duma resulta el gran perdedor porque nadie le va a responder por lo invertido en la adecuación.

 

El número de reclusos en etapa de transición podría dispararse de manera preocupante, dijo en la duma Diana Correa Méndez, como delegada de la Fiscalía, al revelar que en el ente acusador están acumuladas 180 órdenes de captura.

 

Hasta ayer en los calabozos policiales de Saravena, Tame y Arauca, se encontraban privados de la libertad 214 personas, entre ellas 45 extranjeros.

 

El mayor número de detenidos se encuentra en la capital con araucana que asciende a 130, seguido por Tame con 56 y 28 en Saravena, se dijo ayer en el debate cumplido en la duma regional.

 

Quien seleccionó el antiguo Hotel Las Tres Palmas como centro temporal de reclusión fue el director de infraestructura del INPEC, según reveló ayer en su exposición el secretario de gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Merardo Tovar Altuna.

 

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