La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez destacó hoy el avance que tendrá Colombia, de ser aprobado en el Congreso de la República el proyecto de ley Pedro Pascasio Martínez, el cual enfoca los esfuerzos del Estado en fortalecer la prevención de la corrupción, a través de la promoción de la transparencia y de una mayor cultura de la legalidad.

 

 

El pronunciamiento lo hizo, durante el webinar “La corrupción como sistema”, organizado por la Secretaría de Transparencia, en el que resaltó el enfoque ciudadano de esta iniciativa, radicada en el legislativo. El proyecto vincula a los colombianos en el trabajo preventivo y establece mecanismos de protección al denunciante, para que no exista temor de visibilizar presuntos hechos de corrupción.

 

 

“El trabajo en materia de prevención es indispensable desarrollarlo con un gran acompañamiento ciudadano, pero también tomando medidas cada vez más eficaces, por eso siempre hemos insistido que en el Estado esté la gente que tiene un buen conocimiento. Deberíamos tener barreras de entrada para el ingreso a la función pública, que entren los mejores, los más preparados y los que tengan una mayor capacidad de poner el Estado al servicio de todos los ciudadanos”.

 

 

Así mismo, afirmó que el objetivo es lograr un trabajo mancomunado entre el sector público, el privado y la academia, para cortar de raíz este flagelo, que tanto le ha costado a Colombia.

 

 

“Queremos dejar como legado la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado y en las Instituciones. Una instrucción del Presidente Iván Duque es lograr que en ningún rincón de la administración pública, exista opacidad”, enfatizó.

 

 

Ello va en consonancia con uno de los objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”: la lucha contra la corrupción. Para ello se selló la gran alianza “cero tolerancia con los corruptos”.

 

 

“En la medida en que haya más luz en las decisiones que se toman en el sector público, hay menos espacio para que los corruptos se aprovechen de los dineros de los colombianos, del acceso al poder para beneficiar intereses particulares. Le hemos dado mucha importancia a lo que se denomina como el Estado abierto, un Estado que no tenga ningún rincón de oscuridad, de opacidad, donde no haya arbitrariedades, donde los funcionarios no tengan discrecionalidad para tomar decisiones sin rendirle cuentas a nadie, sino que al contrario tomen decisiones que sepan que van a estar vigiladas por la ciudadanía”.

 

 

En cuanto a la lucha contra la corrupción en el marco de la emergencia derivada del COVID-19, explicó que se han intensificado los controles para salvaguardar los recursos destinados a la salud de los ciudadanos.

 

Alternativas, sobre la mesa

 

En la conferencia virtual, participó como invitado el economista Juan Ricardo Ortega, quien se refirió a las alternativas para contrarrestar la corrupción, desde su visión nacional e internacional.

 

 

Dijo que “el problema es el régimen y la forma como está organizada la sociedad, y esto hace que tengamos un sistema en la corrupción. En Colombia la corrupción no es un acto de un individuo, es un sistema de grupos y de asociaciones de personas que controlan el Estado para su beneficio, su protección, el control de otros, el ejercicio bruto del poder; y utilizan la violencia y la intimidación, que no es el disparo o el atentado, sino la sanción administrativa, la investigación infame y el titular injusto con el que se mancilla a alguien”.

 

 

Agregó que para mejorar la transparencia, Colombia debe conocer el beneficiario controlante de cada contrato con el Estado, con nombre y apellido, para que rinda cuentas ante la sociedad y lograr que las empresas estén obligadas a publicar la declaración de impuestos y hacer transparentes los procesos para que “brille la luz del sol, ese el principal desinfectante”.

 

 

Al respecto, agregó: “La gente tiene que empezar a entender que, aunque los corruptos, son unos pocos, son parte de un sistema, y el problema no lo vamos a resolver solamente pretendiendo sancionar, nos toca llegar a un acuerdo”.

 

Son varios los mecanismos que se han puesto en marcha, durante este Gobierno, para frenar la corrupción. Se expidió la Ley 2013 de 2019, que promueve la publicación de declaraciones de activos e ingresos y el registro de conflictos de intereses; se firmó el Decreto 342 de 2019, con la finalidad de atacar la corrupción en la contratación pública del sector transporte en el país y evitar los pliegos sastre; se activó la Comisión Nacional de Moralización; y se crearon mecanismos para generar alertas tempranas y mitigar los riesgos de corrupción existentes como la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA y la Red Anticorrupción de Jefes de Control Interno.

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