El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, anunció este jueves que Comparta EPS dejará de operar desde el próximo 31 de mayo de 2019 en los departamentos Cundinamarca, Huila y Bolívar, donde la entidad obtuvo el desempeño más bajo, con respecto a las otras EPS que operan en las 15 regiones donde tiene usuarios afiliados esta prestadora.

 

 

Los hallazgos según la Supersalud en el último análisis se identificó que la EPS con sede en Bucaramanga y que opera en 15 departamentos (Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Sucre y Tolima), no garantiza la prestación de los servicios.

 

 

“Se evidenciaron problemas de atención médica especializada, un deterioro en los indicadores de calidad, en el acceso a las citas de ginecoobstetricia, pediatría y cirugía general, generando otro factor de riesgo”, dicen el ente de control.

 

 

Así mismo que la entidad está en alto riesgo financiero y jurídico, pues el número de tutelas en el segundo semestre de 2015, comparado con el mismo periodo del 2014 aumentó en un 2018 %, aumento que también se evidenció en las quejas y reclamos sobre esta EPS ante la Superintendencia.

 

 

Y advierte que las actividades promovidas por la EPS en cuanto a los programas de Protección Específica y Detección Temprana son todavía insuficientes. Y que los sistemas de información de la EPS son muy deficientes, lo cual impide monitorear de manera oportuna y efectiva la gestión del riesgo en salud que adelanta la EPS, en detrimento de la vida y salud de su población afiliada.

 

La Superintendencia informó que con la presencia de representantes de la Procuraduría General de Nación, la Contraloría General de la República, la ADRES y la misma Supersalud se comenzará el proceso de traslado de afiliados a las EPS receptoras que asumirán, la atención en salud de los usuarios con los que cuenta actualmente la prestadora revocada.

 

 

Y aclara que hasta la fecha del traslado Comparta debe garantizar la vida y la salud de sus afiliados, y la normal atención y prestación del servicio. Y las nuevas aseguradoras deben dar “continuidad a aquellas autorizaciones, cirugías y tratamientos que están aprobados o en curso y la prestación de los servicios sin afectar sus derechos en salud”.

 

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