En un fallo emitido por el Consejo de estado se derogó el Decreto 1858 del 2002, para poner en ejecución la ley 1923 y poder ampliar el tiempo para que los uniformados de la Policía Nacional tuvieran unos criterios diferentes para la fijación de la pensión y con el hecho de no diferenciar en esa ley los efectos para garantizar los derechos a la asignación de retiro se quería no solo prolongar el tiempo si no afectar el ingreso que podían recibir los jubilados de la institución, el tema fue analizado por el Coronel en retiro, José Alberto Peroza Arteaga, Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro – ACORPOL.

 

 

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