La Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas anunció la estrategia para la población afectada por el conflicto en Arauca, ajustada a la prolongación de la Ley 1448 por diez años.

 

Así lo indicó la subdirectora general de la Unidad, Katherine Lorena Mesa, quien hizo referencia a las cien mil víctimas identificadas en el Departamento y los programas creados para reinserción social e indemnización.

 

La nueva estrategia que se adapta a las actuales condiciones determinadas por la pandemia derivada del Covid-19 permitirá mantener la atención a muchas personas que tienen en trámite ante la entidad sus peticiones, aclarando se pueden adelantar de manera gratuita, sin ser es necesario el concurso de abogado.

 

Para los fines de indemnización las personas deben cumplir de todas maneras los trámites que correspondan y someterse a la programación donde se prioriza a la población mayor de 70 años y discapacitados. En todo caso, el pago de indemnización administrativa no trunca los procesos judiciales, pues en el evento de darse un fallo a favor simplemente se descontará el valor girado por la indemnización administrativa.

 

Hasta la fecha se han reparado en el Departamento de Arauca por vía administrativa 12 mil víctimas con una inversión de 82.000 millones de pesos y a 1.309 por orden judicial, con destinación de 25.000 millones de pesos.

 

La doctora Mesa Mayorga entregó ilustración en detalle sobre la situación de menores en tránsito a la mayoría de edad, a los estudiantes que ingresan a la educación superior y la orientación para inversión de recursos provenientes de la reparación, a fin de que puedan subsistir con un nivel de vida digno.

 

El Fondo de Educación y el convenio con el ICETEX, las fiducias y otros mecanismos se mantienen vigentes, propendiendo por la atención efectiva y resolución oportuna de cada caso. Advirtió la funcionaria, que los dineros existentes no son suficientes para atender de manera inmediata a la totalidad de las víctimas, por lo que se están priorizando las personas con discapacidad física, adultos mayores y casos especiales.

 

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