El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, reveló nuevas medidas para la protección de excombatientes ​de las Farc y reiteró que en las decisiones del Presidente Iván Duque no hay dudas, confusiones ni partes oscuras a la hora de proteger la vida de quienes decidieron plegarse a la legalidad.

 

 

 

Archila Peñaloza  habló después de una reunión de la Mesa de Articulación Interinstitucional para seguridad de excombatientes, a la que asistieron delegados de los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía General, el Ejército, el Cuerpo Élite de la Policía y la Unidad Nacional de Protección, entre otras entidades.

 

Mencionó además que se están aplicando medidas de protección para más de 8.900 que están fuera de los antiguos Espacios Territoriales en 522 municipios, en lo que se conoce como población dispersa de excombatientes.

 

Dentro de las nuevas acciones se mencionan:

 

1) la celebración de las reuniones de la Mesa Interinstitucional en las regiones, comenzando por Caquetá.

 

2) el fortalecimiento de las jornadas de autoprotección.

 

3) plan de soporte y acompañamiento de la policía a la población dispersa.

 

4) relacionamiento con el partido Farc para facilitar el acercamiento a los excombatientes en acciones de seguridad.

 

5) impulso a las alertas tempranas de toda la institucionalidad.

 

6) instalación de circuitos cerrados de televisión para la seguridad en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y mejoramiento de su conectividad y medidas para agilizar los estudios de riesgos y amenazas.

 

“Esperamos unas mejoras sustanciales en la protección de quienes están en proceso de reincorporación. Nos preocupa profundamente que se alteren los procesos de retorno a la vida civil a quienes le aportaron a la legalidad. No podemos tolerar que el narcotráfico y los grupos ilegales comprometan la vida de los colombianos”, insistió el Consejero.

 

Mencionó igualmente que los temas de seguridad se adecuarán a aspectos particularizados e individualizados, según las características de cada región.

 

La Mesa Interinstitucional, integrada por entidades del Estado acordó:

 

1) Priorizar los análisis de riesgo en curso para los solicitantes ubicados en los 27 municipios en los que se concentra el 65% de las afectaciones.

 

2) Priorizar el trámite de denuncias de amenazas y solicitudes de protección que correspondan en los 22 municipios identificados con mayor proclividad a la reincidencia de afectaciones contra excombatientes y a los 36 municipios con alta proclividad a la ocurrencia.

 

3) impulsar por medio de las policías locales planes de apoyo y protección para excombatientes, de contacto permanente entre estos y los uniformados, en los 522 municipios en los que se registra población dispersa.

 

4) En todos los casos se debe focalizar la población que más reúna las características que se registraron como más recurrentes entre la población en reincorporación que ha sido víctima de hechos de violencia.

 

5) Pedir a la UNP que revise el tipo de medidas de protección para la población priorizada y sus condiciones específicas.

 

6) Recomendar a la ARN acelerar la definición y ejecución de la ruta de reincorporación para las personas y en los municipios priorizados, e intensificar el contacto de los facilitadores con ellas.

 

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