El caso del desalojo en el sector conocido como Caño Baneguero o Caño Ciego se convirtió en la piedra angular de la problemática causada por las invasiones en la capital del Departamento, al comprobarse que el predio fue transferido al municipio de Arauca en 2003 por el entonces propietario Rafael Carmelo Caropresse.

 

El predio fue calificado por Corporinoquia como franja de protección de corrientes de agua ya que esas rondas cumplen función reguladora de caudales, por lo que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial lo estableció como reserva natural.

 

La corporación regional advirtió en septiembre de 2020 que estaban prohibidas en la ronda del Baneguero la captación y vertimientos de agua, construcción de infraestructura para recreación, uso agropecuario e industrial y loteo, entre otras actividades.

 

Por tal situación, Corporinoquia inició el procedimiento administrativo sancionatorio contra John Hitler Delgado, Leonardo Montaño Puerto y Félix Antonio Giraldo Pineda, los promotores de la invasión. De ahí que la alcaldía ordenara el desalojo del predio ahora denominado El Alcaraván, para lo cual formuló denuncia ante la Fiscalía.

 

 

 

 

La propia Procuraduría General a través de la delegada agraria y ambiental Martha Viviana Carvajalino, exhortó a la administración municipal en octubre del 2020 a adelantar acciones para restituir el predio de uso público de especial importancia ambiental e impedir las actuaciones urbanísticas… Empero, el Procurador Regional pretermite la orden de su superior, oponiéndose al desalojo que determinó la inspección de policía.

 

Según lo expuesto por el comercializador del predio, John Hitler Delgado, los lotes ocupados fueron adquiridos por sus ocupantes, mostrando títulos que la inspección considera apócrifos… El procurador Édgar Fandiño Prieto acusó en la audiencia de ayer a Delgado Salazar de asaltar y estafar a la gente con el negocio hecho.

 

Los despojados manifestaron ayer tarde en la sala de audiencias de la Procuraduría regional que se vieron seriamente perjudicados por el desalojo, porque perdieron gran parte del dinero invertido en sus viviendas… El Inspector Nereo Guerrero alegó que esas construcciones eran ilegales y se levantaron en predios del municipio, poseedor de la escritura original.

 

Astrid Camejo, una profesional araucana afectada, precisó que invirtió gran parte del dinero ahorrado a lo largo de su vida y una suma producto de un préstamo bancario…  Diego Peña, le dijo a Noticias 100.3 que vivió la misma suerte, manifestando que le había comprado el lote a John Hitler, cuestionando la demolición que se le hizo.

 

Mientras el Procurador Fandiño cuestionó el proceder de la inspección de Policía en cabeza del doctor Nereo Guerrero, este funcionario argumentó que procedió conforme a la normatividad vigente, acotando que esta diligencia programada desde el año pasado había sufrido dos aplazamientos y que la gente lo sabía.

 

Como conclusión del ejercicio de ayer, el procurador solicitó copia del expediente, exigió garantías de salvaguarda para ancianos y niños, además de los mínimos derechos de los desalojados, así como la revisión jurídica de los procedimientos.

 

Las aclaraciones acerca de los procedimientos hechas esta mañana en Noticias 100.3 por el Procurador Regional Edgar Alfonso Fandiño, confundieron más, pues se confiere patente de corso para que, pretextando derechos a raíz de la pandemia, los ocupantes ilegales de predios sigan invadiendo.

 

El agente del Ministerio Público declaró que, pese a la obligación de la gente a evacuar, en las actuales condiciones tiene derechos mínimos que se deben respetar.

 

Related Post

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *