La Unidad Nacional de Protección, está ad portas de adjudicar un contrato para el arrendamiento de vehículos blindados por $26.342.868.643 que sería direccionado a la empresa Alliance Security Rent Car Ltda.

 

En el proceso se detectaron irregularidades, según denunció el abogado Juan Manuel Castellanos, ya que varios de los automotores están embargados y otros no cumplen con el nivel de blindaje exigido por los protocolos de seguridad. De otro lado, se conoció que el millonario contrato sería adjudicado al conocido zar de la contratación, Jorge Arturo Moreno.

 

La denuncia prendió las alarmas en los entes de control, por el riesgo en que se pondría la vida de los protegidos. Castellanos Ovalle estableció que la Unidad Nacional de Protección habría aceptado camionetas con el blindaje ofertado por el contratista, sin cumplir las normas de seguridad para las personas beneficiarias de esquemas de protección por decisión del CERREM.

 

En Noticias 100.3 habló el abogado Juan Manuel Castellanos, quien cuestionó a José Arturo Moreno, el Representante Legal de Alliance Security Rent Car Ltda. firma aparentemente favorecida, del que señaló que en 2012 fue condenado a siete años de prisión por liderar un grupo dedicado a contrataciones y de licitaciones con documentación fraudulenta.

Para este concurso la documentación no está en orden y muy probablemente habrían mentido para ganar la licitación.

 

“Recientemente se conoció que los pliegos de la licitación exigían blindaje con nivel 3, 4 y 5, de acuerdo a la Resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Sin embargo, la empresa Alliance Security que se presume es de Moreno, certificó vehículos con blindaje de nivel 1 y la Unidad Nacional de Protección lo avaló así”, señaló el denunciante.

 

Este capítulo se suma a las denuncias contra la empresa Alliance Security Rent Car Ltda, socia de la Unión Temporal Sinergia, que tiene embargadas 18 camionetas.

 

De esos vehículos, 13 fueron ofertados a la UNP pese al riesgo de que sean inmovilizadas por las autoridades y se viole el esquema de seguridad implementado a los protegidos en Santander, Norte de Santander y Arauca.

 

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