El Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, afirmó hoy que los violentos no detendrán la implementación de la política de Paz con Legalidad en Arauca, un departamento afectado por los enfrentamientos de las llamadas disidencias de las farc y el ELN que se disputan el control de rutas del narcotráfico y los escenarios del crimen en la zona de frontera.

 

 

Archila, quien estará a partir de mañana miércoles en Arauca con directores y funcionarios de las entidades responsables de la implementación del Acuerdo, dijo que la presencia del Estado le da seguridad y confianza a los araucanos, en un proceso que no puede detenerse “porque no le tenemos miedo a los salvajes que propician la violencia”. En la agenda de trabajo se incluye una jornada para escuchar las inquietudes de las comunidades y socializar los avances de la política de Paz con Legalidad, en una región donde la inversión en el Desarrollo Rural supera los $1,8 billones,

 

 

Uno de los principales logros de la implementación es mantener a Arauca libre de coca, un departamento donde actualmente se sustituyen de manera voluntaria 406 hectáreas de hoja de coca.

 

 

El Consejero Archila viaja a Arauca acompañado de Ramón Rodríguez, director de la Unidad para la Atención a Víctimas; Andrés Castro, director de Unidad de Restitución de Tierras; Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio; Hernando Londoño, Director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación; Miriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, Cristina Moreno, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, la ministra de transporte Ángela María Orozco, y representantes de la empresa privada y la cooperación internacional.

 

 

Durante dos días, se reunirán con las comunidades foco de la implementación para planear las acciones del Estado este año en el departamento.

 

 

En Arauca avanzan con éxito los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, con inversiones por más de medio billón de pesos, la atención a víctimas de la violencia con el pago de indemnizaciones individuales y colectivas, asistencia humanitaria y sicosocial, la reincorporación de 454 excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial, de vivienda, salud y educación.

 

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