El Consejo de Estado ratificó la sanción de destitución e inhabilidad de 20 años que le impuso la Procuraduría a Carlos Roberto Mojica, jefe de la Oficina Jurídica de la alcaldía de Arauca, en la administración de William Alfonso Reyes.

 

 

El alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo al fallar un recurso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, halló responsable a Mojica Cerquera, por autorizar la transferencia de 16 mil 151 millones 820 mil 687 pesos y la expedición de la Resolución 991 del 27 de octubre de 2008 que determinó el giro a la cuenta de Probolsa para adquirir Títulos de Tesorería clase B a adquiridos a nombre de Serfinco S. A.

 

 

Al solicitarse el traslado de los títulos a nombre de la Alcaldía de Arauca, solo se transfirió un monto de #13.864’194.000 correspondiente al valor nominal; mientras el excelente $2.287’626.687 en cheque de Bancolombia girado por Probolsa, resultó sin fondos.

 

 

Noticias 100.3 conoció que la Supervisión de Riesgos de Mercados e Integridad de la Superintendencia Financiera, encontró el 7 de junio de 2009 que los títulos adquiridos por la alcaldía de Arauca en 2008 tenían al 20 de abril de 2009 un valor de $8.845’385.831,38 por lo que mostraba una pérdida de $5.018’808.168,62 que sumados al cheque sin fondos de Probolsa, representaba un total de $7.306’434.855 perdidos por la entidad territorial.

 

 

Según la investigación disciplinaria, el exfuncionario emitió un concepto sobre la legalidad de la inversión de excedentes de liquidez de las regalías y proyectó la resolución por medio de la cual la Alcaldía autorizó el desembolso del dinero para la colocación de los títulos por la firma Probolsa S. A., mediante la comisionista de bolsa Serfinco S. A.

 

 

El malhadado negocio produjo un enriquecimiento sin justa causa a favor de Probolsa y el consecuente detrimento patrimonial que originó la investigación de la Procuraduría contra el alcalde William Alfonso Reyes cadena y Carlos Roberto Mojica cerquera, ambos sancionados con destitución e inhabilidad de 20 años.

 

 

El fallo que ordenó la destitución e impuso la inhabilidad contra los  exfuncionarios quedó en firme el 24 de junio del 2010 y fue objeto de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado.

 

 

La alta corte determinó que la sanción que impuso la Procuraduría fue legal, entre otras cosas, porque quedó demostrado que el exjefe de la Oficina Jurídica no cumplió su deber de examinar un estudio serio sobre la inversión. Contrario a ello, “afirmó que el riesgo de la operación era cero y que no podía existir ningún detrimento al patrimonio del municipio de Arauca”.

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