A dos años del gobierno del Presidente Iván Duque, la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, ha adelantado importantes acciones de lucha contra la corrupción y protección de los recursos públicos.
Creación de canales seguros para la recepción de denuncias, firma de pactos de transparencia con el sector público y privado, y grandes avances legislativos son algunos de los pasos importantes que se han dado en el camino por consolidar la transparencia, integridad y legalidad.
Recepción de reportes ciudadanos seguros
Se creó la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, RITA, a través de la cual las entidades públicas y la Secretaría de Transparencia, reciben los reportes ciudadanos por posibles hechos de corrupción, los dan a conocer a los organismos competentes para investigar y sancionar dichos hechos y para implementar los correctivos necesarios para evitar la materialización de los riesgos y trabajar en la cultura de la prevención e integridad.
Cada una de las 149 entidades del Estado, que hasta el momento conforman RITA, cuenta con Oficiales de Transparencia, escogidos por sus altas capacidades técnicas y humanas, quienes deben garantizar los canales seguros para la recepción de los reportes, protegiendo la información y la identidad del reportante. A su vez, son los agentes que pondrán en el primer orden de la agenda la promoción de la cultura de la legalidad e integridad. Hoy, RITA está activado para entidades del orden nacional y entidades territoriales de todo el país.
Red Anticorrupción de Jefes de Control Interno
El Gobierno Nacional creó la Red Anticorrupción de Jefes de Control Interno, liderada por la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Para el Gobierno, los Jefes de Control Interno son la tercera línea de defensa en las entidades públicas, los primeros en generar alertas para prevenir hechos de corrupción.  Por tanto, la Secretaría de Transparencia, en conjunto con Función Pública, elaboró el reglamento que determina el funcionamiento de la Red Anticorrupción de Jefes de Control Interno y el formato de reporte de posibles hechos de corrupción.
En este periodo, se han atendido más de 70 reportes recibido mediante RITA sobre posibles irregularidades en entidades relacionadas con los sectores de Minas y Energía, Defensa, Justicia, Salud, Transporte, Comercio, Industria y Turismo, Administración del Trabajo, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Educación.
Comisiones Regionales de Moralización
Tras el impulso y gestión de la Secretaria de Transparencia, se potencializaron las 32 Comisiones Regionales de Moralización en todo el país como una estrategia regional en la lucha contra la corrupción. De manera conjunta, se trabaja para evitar la corrupción en proyectos que involucran recursos públicos por cerca de $2.5 billones de pesos.
Además, se investigan casos que comprometen alrededor de $1 billón de pesos y se han adelantado, por parte de las autoridades competentes, procesos sancionatorios en proyectos que involucran aproximadamente $31 mil millones de pesos. Con esta instancia de coordinación interinstitucional, se propicia una cultura de la legalidad y transparencia en los diferentes departamentos del país.
Comisión Nacional de Moralización
Debido a la coordinación y articulación de la Secretaría de Transparencia, desde la Comisión Nacional de Moralización se presentaron recomendaciones para mitigar riesgos de corrupción en el sector salud, que se han venido implementando por parte de diferentes entidades. A la fecha, se eliminaron 23 trámites en el sector, de los cuales, 14 presentaban riesgos de corrupción; se reguló además el precio de 770 medicamentos, generando un ahorro aproximado al sistema de $340 mil millones.
Igualmente, se fijaron precios máximos o techos presupuestales para eliminar los recobros en el sistema y se están produciendo cruces de información, entre la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y Migración Colombia, para depurar el régimen subsidiado de salud y garantizar que las personas que se encuentren en dicho régimen, sean las que realmente lo necesitan.
Pactos de Transparencia
Para fortalecer las capacidades en el sector público y privado, con el fin de prevenir hechos de corrupción y fomentar la transparencia, hasta la fecha se han sido firmados 166 Pactos de Transparencia e Integridad con diferentes alcaldías y 30 gobernaciones.
También se han firmado 12 pactos de integridad y transparencia con 56 gremios en Colombia, que aproximadamente agrupan 37.400 empresas, las cuales representan importantes sectores económicos del país, y con los cuales se ha trabajado activamente para impulsar los sistemas de cumplimiento en el sector privado, y la difusión de buenas prácticas empresariales.
 
Principales avances legislativos
Desde el Gobierno Nacional se han impulsado diversas iniciativas en el Congreso de la República, que han fortalecido la lucha contra la corrupción.
La Ley 2013 de 2019 que obliga a todos los altos funcionarios del Estado a publicar su declaración de bienes y rentas, así como registrar sus conflictos de intereses. Más de 64 mil funcionarios elegidos por voto popular, incluido el Presidente de la República, así como magistrados, jefes de organismos de control, ministros y gerentes públicos cumplieron con la publicación de los documentos.
Con la Ley 2014 de 2019 se elimina la casa por cárcel a quienes cometan delitos que afecten el patrimonio del Estado. La misma Ley también extendió las inhabilidades para contratar con el Estado a los grupos empresariales de personas condenadas y, de forma permanente, a cualquier empresa de la que sea parte el condenado.
Así mismo, la Ley 2022 de julio de 2020, conocida como Ley de Pliegos Tipo, eliminó los ‘pliegos sastre’, que son esos documentos hechos a la medida de un contratista específico. Si bien esta figura de los Pliegos Tipo inició en el gobierno anterior para las obras de infraestructura de transporte, este gobierno la amplió a toda la contratación del Estado.
La Ley 2020 de 2020 creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, con la cual se crean los mecanismos para culminarlas o demolerlas, si ponen en riesgo a los ciudadanos.

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