La Ley 2069 del 2020, que impulsa el emprendimiento en Colombia, y autoría del Representante a la Cámara del Partido de la U, Christian José Moreno Villamizar, fue sometida a sanción presidencial el 31 de diciembre de 2020, y se concentra en 5 ejes principales, los cuales se consideran a la fecha de vital importancia para los colombianos.

 

Formalización del emprendimiento: en este eje se propone que los emprendimientos no deban pagar para el registro ante el INVIMA, ahorrándoles entre 2 y 8 millones de pesos en este proceso. Además, se espera reducir de manera considerable los tiempos de devolución del IVA a emprendimientos y mipymes.

 

 

Competencia justa en el mercado de compras públicas: les permiten a los emprendedores colombianos competir de manera justa con las grandes empresas en el mercado de compras públicas. Con esta iniciativa, abrimos un mercado que asciende a los $90 billones de pesos al año. y se garantiza a los emprendedores el acceso a Compras Públicas de Mínima Cuantía.

 

 

Facilidades de financiamiento e inversión: se contempla la ampliación de opciones que tendrán los emprendedores al momento de requerir recursos Factoring (compra de facturas), financiamiento colaborativo (crowdfunding), Inversiones de fondo de capital privado y más.

 

 

Organización y articulación de los distintos programas de Gobierno: con el acompañamiento del DNP, se identifican un sinnúmero de programas enfocados en emprendimiento, los cuales están distribuidos en al menos 23 entidades del Gobierno Nacional. A través de esta Ley se organizará y unificarán estos programas y recursos en una sola entidad, para así lograr un mejor uso de los recursos públicos.

 

 

Definir una línea de formación académica de capacidades emprendedoras: de la mano con el SENA y las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales se generará un programa de doble titulación donde los estudiantes puedan recibir su título de bachiller, y un título técnico en formación para el trabajo, el emprendimiento y la innovación. Además, se busca promover la creación de consultorios empresariales, para que los estudiantes de últimos semestres de carreras administrativas brinden acompañamiento y asesoría a los emprendedores del país.

 

 

La Ley de Emprendimiento va a beneficiar, tanto a empresas actuales como a futuras. Un 97% de las empresas en Colombia son mipymes y son alrededor de 2 millones, con lo cual, todas ellas van a tener un beneficio. En la Ley  hay capítulos que van dirigidos a beneficiar a las mipymes del país, cómo por ejemplo, el capítulo de compras públicas.

 

 

Este punto se expuso durante el evento de promulgación de la Ley que se realizó en Santander, con la presencia del Presidente de la República, Iván Duque, donde el representante por el Partido de la U, Christian Moreno manifestó que “las compras públicas representan alrededor de 100 billones de pesos anuales, por eso lograr que estas tuvieran un eje y un capítulo fundamental dentro de la ley de emprendimiento era determinante, porque era acercar a las mipymes y a los emprendedores a un mercado y a una oportunidad de negocio”.

 

 

Además, “las compras públicas son una de las necesidades básicas que tienen todas las administraciones públicas y el sector público y había que generar esa oportunidad en medio de la necesidad de reactivación tras la pandemia, porque los emprendedores y las mipymes en Colombia representan alrededor del 98% del tejido empresarial y más del 80% del empleo” añadió.

 

 

A nivel regional, se contempla una inversión de 4 billones en el Departamento del Cesar, permitiendo la ejecución de más de 70 proyectos de alto impacto en los sectores de transporte, vivienda, educación, agua potable, salud, seguridad, cultura, agricultura, energía, comercio, deporte y desarrollo digital. “Las obras mejorarán las condiciones de vida y el ingreso de un más de dos millones de habitantes del Cesar y La Guajira”, afirmó Moreno.

 

 

Finalmente, el Pacto Funcional Cesar – La Guajira, firmado por los gobernadores de cada departamento, contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes, con inversiones estratégicas definidas conjuntamente para impulsar la reactivación económica regional, reducir la pobreza y mejorar la competitividad del sector productivo.

 

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